Paula Fraga. Jurista y activista feminista. 

“La prostitución y los vientres de alquiler perpetúan la opresión sexual de las mujeres”

Paula Fraga

La jurista y activista feminista Paula Fraga fue una de las tres ponentes en las jornadas abolicionistas de la prostitución celebradas en el campus de Leioa de la UPV-EHU el pasado 19 de febrero, organizadas por el sindicato Ikasle Ekintza en colaboración con Euskal Herriko Mugimendu Abolizionista (EHMA).

Paula Fraga comenzó a interesarse en la teoría feminista y en el movimiento feminista hace unos cinco años y lo primero con lo que se encontró fueron los testimonios de supervivientes de prostitución y de mujeres que por circunstancias económicas habían pasado por los vientres de alquiler.

-¿Qué supuso para ti el conocimiento de esas realidades?

-En cuanto escuché los testimonios de estas mujeres, me quedó claro que la prostitución y los vientres de alquiler son una forma de violencia contra las mujeres, que es tortura psicológica y física. Empecé a formarme más y fue, sobre todo, cuando empecé a escuchar todos los discursos legitimadores que hay sobre prostitución y vientres de alquiler, tratando de regular estas prácticas misóginas, cuando decidí tomar parte, hacer activismo y divulgación de la teoría feminista y explicar por qué las feministas consideramos que esto es violencia. En definitiva, mi activismo surgió como reacción a todos esos discursos legitimadores que lo único que hacen es perpetuar la opresión sexual de las mujeres.

Técnicas de desprogramación psicológica

-¿Qué significa una práctica como los vientres de alquiler? ¿Qué beneficios traería legalizar esta práctica?

-En primer lugar, los vientres de alquiler suponen la mercantilización más absoluta del ser humano. Es explotación reproductiva de las mujeres y compraventa de seres humanos, porque comercializa con los bebés, se les hace objeto de transacción comercial económica y contractual. En ningún caso sería beneficioso legalizar esta práctica, porque sería legitimar esta mercantilización y legitimar esta forma de violencia. Tenemos que pensar que estas mujeres que pasan por los vientres de alquiler, lo hacen por circunstancias económicas asfixiantes. De hecho, hay toda una serie de estrategias de estas empresas intermediarias, mejor llamadas tratantes de seres humanos, para que se desprogramen psicológicamente de lo que llevan en su seno, de sus bebés, para después poder venderlos.

-¿Qué está ocurriendo en los países donde han optado por la legalización de los vientres de alquiler?

-Si tú coges un contrato de vientres de alquiler, allí donde está legalizado lo puedes ver. Ves que son contratos que hacen perder totalmente la autonomía sobre el propio cuerpo de las mujeres, de hecho se nos trata como objetos. Hay ofertas de estas empresas que te dicen que en caso de que no vaya por donde tiene que discurrir el embarazo y la posterior compraventa, te pondrán una sustituta gestante, hablan incluso de que en caso de fallecimiento se devuelve el dinero. Nos tratan como si fuéramos cualquier objeto con fecha de caducidad. Estamos ante la mercantilización más absoluta y por ello no se puede legalizar esta práctica, porque supondría legitimar esta esclavitud. En los países en los que se ha legalizado, primero, hay esa legitimación social y jurídica que no podemos permitir, y segundo, hay muchos países como por ejemplo el caso de Canadá, que afirman tener una regulación garantista

para la mujer, una regulación además que las protege y altruista. Pues esto es totalmente falaz, no hay altruismo ahí. Es imposible que exista altruismo en contratos en los que se te hace renunciar a tus derechos como madre y en los que, además, sí hay una contraprestación económica, aunque solo sea por los gastos médicos. Entonces, ese altruismo está totalmente refutado por las feministas, porque no existe.

-Esa práctica, además, conculca derechos fundamentales

-Hay varios derechos que se conculcan: el derecho a filiación de la madre, el derecho a su integridad física y moral durante todo el proceso, porque pierde la autonomía sobre su propio cuerpo, y el derecho de los menores a conocer sus propios orígenes. No se puede legalizar algo que supondría la legitimación de toda esta conculcación de derechos.

Ley abolicionista

-Respecto a una ley contra la trata de personas, ¿es posible acabar con la trata si no se pone el foco en la prostitución?

-No, en absoluto. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución son realidades indisociables, existe la trata para nutrir de mujeres y niñas a la prostitución. Vivimos en un país que genera 5 millones de euros diarios a través de la prostitución, somos el tercer país con más demanda de prostitución en todo el mundo, y el primero en Europa. ¿Como íbamos a ser capaces de nutrir esa demanda sino fuera a través de la trata? Necesitamos una legislación abolicionista que no las diferencie y hable de sistema prostitucional.

-De modo que tampoco puede haber una diferenciación entre prostitución y trabajo sexual, o entre prostitución libre y forzada.

-Efectivamente. No son dos realidades diferentes. Directamente, el trabajo sexual no existe, simplemente es una estrategia del lobby proxeneta para tratar de legitimar la esclavitud y subordinación sexual que supone la prostitución. Es simplemente por obra y gracia del lenguaje convertir lo que es explotación en un trabajo como otro cualquiera. Entonces, no se puede hablar de trabajo sexual y no debemos en ningún caso aceptar ese tipo de terminología, porque lo único que hace es perpetuar la opresión sexual de las mujeres.

-¿Hay que hablar más de una ley abolicionista del sistema prostitucional o de la prostitución que de una ley contra la trata?

-Acabar con la explotación sexual de las mujeres por completo es casi utópico, pero el único camino para conseguirlo es la ley abolicionista. Además, la ley abolicionista está dando sus frutos, por ejemplo, tenemos la Ley para la Paz de las Mujeres de 1999, el modelo sueco, que está funcionando y, en Suecia, actualmente, hay menos de 1.000 mujeres que están siendo prostituidas. En España no tenemos cifras fehacientes, pero se habla de entre 100.000 y 300.000 mujeres prostituidas. Entonces, el único camino es una legislación abolicionista estatal que hable de sistema prostitucional y que no haga diferenciación entre trata y prostitución, que no haga tampoco diferenciación de prostitución forzada y prostitución voluntaria, y que además establezca un sistema integral de ayuda a la víctima con permisos de residencia, con una renta básica, con trabajo genuino, y con solución habitacional. Además, esta ley abolicionista también tiene que cambiar el Código Penal para introducir la tercería locativa, que es una modalidad de proxenetismo, y todas las otras modalidades de proxenetismo, como puede ser el proxenetismo no coercitivo. La única forma de acabar con la explotación sexual es una ley abolicionista.